Pagar por deportar

Les paso esta nota sobre una pregunta hecha por el equipo editorial del Observer en su blog, The Daily Views:

En la campaña para senadora federal Existe un buen punto que no debería dejar pasar en el intercambio de críticas sobre la política migratoria y los inmigrantes ilegales: ¿Se debería usar dinero público designado para necesidades locales como las escuelas y servicio de basura para aplicar las leyes federales?

La actual senadora de Carolina del Norte, Elizabeth Dole (foto de arriba), dice que sí. Su contrincante, la demócrata Kay Hagan (foto izq.), tiene algunas dudas.

Hablamos del programa 287(g), que se usa en Mecklenburg y dos otros condados en Carolina del Norte, y que otorga a los alguaciles (o “sheriffs”) la autoridad para aplicar algunas leyes federales de inmigración contra inmigrantes ilegales que están acusados de otros crímenes.

El problema es que el costo lo cubre el dinero público local que se recolecta para la educación pública, parques locales, etc.

Ésto es lo que dice Dole. Y aquí está lo que dice Hagan.

¿Quién tiene la razón?